DESMI, A.C.

Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, A.C.


CONTEXTO POLÌTICO, ECONÒMICO Y SOCIAL DE LA REGIÒN EN DONDE DESMI INTERVIENE

En DESMI, A.C. consideramos que la situación social, económica y política que se ha venido desarrollando en las comunidades, el estado y el país presentan una complejidad y un deterioro que requieren de un análisis serio para su comprensión; al mismo tiempo existe una continua búsqueda de caminos para la construcción de alternativas de una sociedad nueva.

La estrategia política del gobierno mexicano, influenciada primordialmente por el modelo económico neo-liberal, ha estado marcada por la aplicación de políticas gubernamentales que favorecen intereses externos a la nación. La implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el país y en el estado de Chiapas en particular, ha traído grandes perjuicios al campo. Los campesinos y productores viven una crisis agrícola como parte de las reformas estructurales más drásticas originadas por la liberación comercial impulsada por el TLCAN, por la eliminación de controles de precios, por la reforma constitucional en la tenencia de la tierra, por la eliminación de restricciones y usufructo privado de tierras ejidales y comunales. También por la reducción de subsidios al campo, ya que para el presente año el presupuesto agrícola en México fue de 33 mil 954.9 millones de pesos, mientras que el presupuesto agrícola en Estados Unidos para este año es de 198 mil millones de pesos.

 

La reacción del gobierno ante las solicitudes de apoyo por parte de las organizaciones campesinas ha sido el poner en marcha proyectos cuyas soluciones aportadas, con visión a corto plazo, no son sostenibles. Por otro lado, ha continuado aplicando programas como el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares) cuyo fin es promover la privatización de las tierras comunales o ejidales, aprovechando la situación de crisis que atraviesa el campo. Según un diagnóstico de la Procuraduría Agraria elaborado en el año 2000, el 17% de la tierra en Chiapas era usado por campesinos e indígenas de manera colectiva; el 37% de la tierra no había entrado al PROCEDE, es decir, no había entrado a la privatización; el 76% de los ejidatarios obtenía su principal ingreso del cultivo de la tierra; el 83% de la Población Económicamente activa (PEA) en el campo no percibía ningún ingreso, y en el mejor de los casos, percibía un salario mínimo.

 

En Chiapas no se vive un proceso democrático real, el gobierno mantiene el poder a través del control que establece al interior de las comunidades. Ejerce estrategias de mayor control especialmente donde existe una búsqueda de organización, a través de programas sociales, cercos militares, provocando desplazamientos de población y aprobando distintas iniciativas de ley que tienen el objetivo de controlar a las comunidades , descalificando toda su acción social y política.

La manipulación de los procesos electorales producen desesperanza y falta de participación. Los ciudadanos buscan caminos organizándose en la lucha por construir alternativas reales en la práctica social.

Históricamente el diálogo entre el estado y las organizaciones sociales ha sido de confrontación, sometimiento y favoritismo político.  No aparecen posibilidades de que se reanude el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal ni de que se cumplan los Acuerdos de San Andrés, más bien se percibe la creación de condiciones de una ofensiva mayor por parte del gobierno.

Además los campesinos están sufriendo una sustitución de cultivos tradicionales (maíz, frijol, café) por las plantaciones que sólo benefician a las grandes empresas transnacionales, que en el caso de Chiapas se manifiesta ahora en la producción de palma africana, palma camedor, eucalipto, vainilla, cardamomo, sorgo, melón y sandía, entre otros productos. Este cambio se nota primordialmente en la región Norte, Selva y Costa donde los campesinos se asocian con empresas como Monsanto y Nestlé. En este proceso las empresas ponen el capital y los campesinos la tierra y la mano de obra barata, resultando ser jornaleros agrícolas en su propia tierra. Dichos proyectos no son rentables para los campesinos y promueven que sólo se produzca materia prima, por lo que las ganancias sólo van para las empresas que la transforman o comercializan.

 

La mala distribución de la tierra en minifundios y el uso de tecnología extractiva y de agroquímicos en monocultivos ha causado la erosión de la tierra y la deforestación. La alteración del ecosistema consecuente es también provocada por la falta de tecnología adecuada a las condiciones actuales, la falta de conocimientos actualizados y por el aumento de la presión sobre la tierra por el crecimiento de la población.

 

La falta de infraestructura en el mundo rural chiapaneco conlleva la marginación de sus pobladores, eleva los costos de todos los servicios e insumos y promueve una comercialización desventajosa.

 

Muchos campesinos intentan solucionar su situación migrando hacia las zonas urbanas cambiando de actividad; hacia el norte del país para emplearse en las maquiladoras; hacia los Estados Unidos. De Chiapas se considera oficialmente que cada año emigran unas 150 mil personas hacia los Estados Unidos.

 

Al mismo tiempo se continúa imponiendo el Plan Puebla Panamá, se pretende firmar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), continuar con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea (TLCUE), y se pretende firmar otros acuerdos comerciales con Brasil, Japón y Panamá, sin preguntarle a los más afectados si están de acuerdo o no. Además, el gobierno sigue endeudando al país mediante préstamos al Banco Mundial y otros organismos, con el consecuente incremento de la deuda externa. Aunado a esto y para proteger su estrategia, el gobierno fomenta la militarización y la paramilitarización en el estado chiapaneco, para evitar conflictos internos que cuestionen el orden impuesto. Esta estrategia de contrainsurgencia, de hostigamiento y represión, trae consigo el abandono del ciclo productivo por las condiciones de inseguridad que se viven por la presencia de estas fuerzas armadas.

 

Como consecuencia de toda esta problemática se constata una pérdida de los valores comunitarios y solidarios, una desintegración de las comunidades, conflictos, desánimo y abandono de la participación. Se observa también una mayor vulnerabilidad de las poblaciones y una cooptación de líderes y de comunidades. Hay un aumento del individualismo y de la competencia.

 

La situación productiva deficiente del campo tiene por consecuencia la falta de alimento y por ello hay problemas de desnutrición, de enfermedades y de muerte prematura.

También ha habido una pérdida de tecnologías propias y un aumento de la dependencia a los programas gubernamentales y de la necesidad de responder a las exigencias del mercado. Además se observa un uso excesivo de los recursos, una poca y mala producción y la falta de mercados para canalizar los productos agrícolas.

 

Debido a la falta de circulante en las comunidades por la falta de ingresos y de alternativas de empleo, se constata la venta o renta de tierra a transnacionales, los problemas de inseguridad social como los robos y asaltos y la proliferación de las drogas, la prostitución y el alcoholismo.

 

La violencia es una realidad cotidiana y abrumadora en Chiapas. El ejército mexicano ha venido a agudizar la violencia que ya de por sí había en las relaciones sociales y ha permeado todas las esferas de la sociedad chiapaneca. Ha violentado la cultura y las costumbres indígenas, propiciando la drogadicción y prostitución.  Existe el cerco militar, el control y vigilancia de caminos y una actividad permanente para construir puentes , caminos y aeropuertos que consolidan la acción militar, ejerciendo control también sobre las fuentes de agua.

Los desplazados han sido acogidos en otras comunidades, se han organizado para la supervivencia. Al cabo de un tiempo hay una tendencia a la generación de conflictos por los recursos naturales: agua, tierra, leña, etc.  Esta situación se ha prolongado a lo largo de los años, sin que se propicien las condiciones para el retorno ni tampoco para la permanencia por tiempo indefinido.

El sistema económico neoliberal que se aplica no toma en cuenta los saberes y capacidades de la mayoría, genera pobreza y crisis económicas. El tipo de inversiones son ajenas a las necesidades de supervivencia de la mayoría, prevalece el bajo precio de los productos agrícolas que impide obtener recursos para resolver las necesidades cotidianas y para impulsar trabajos productivos.

Ante este panorama las comunidades muestran una fuerza de resistencia y construyen modelos de desarrollo alternativos. Han adquirido cada vez más experiencia en el trabajo colectivo y sus prácticas organizativas. Las mujeres participan cada vez más, superando grandes dificultades, que tienen que ver con el aislamiento, el machismo y también con  dificultad de hablar el español. Se puede decir que el conjunto de alternativas está dando la posibilidad de mantenerse en la construcción de un proyecto de autonomía de los pueblos indígenas.

 

Están sembradas las semillas para que en un largo o mediano plazo aparezcan las dimensiones de soluciones estructurales.

No se trata de una construcción provisional sino de una solución alternativa, unida a la necesidad histórica de la construcción de una nueva sociedad.

La sociedad civil trabaja en la búsqueda permanente de la paz y de la justicia. Los caminos no son muchos, pero se vuelven a andar para encontrar alguna respuesta más positiva y que anime a la sociedad.

La contribución de DESMI, A.C. en la construcción de una nueva sociedad es a través del impulso de prácticas de Economía Solidaria, que se basa en la liberación de las potencialidades de hombres y mujeres, en el fomento de una equidad de género, en el reconocimiento de que la  ecología es parte de la cultura y en la democracia como práctica cotidiana, propiciando así el desarrollo de una sociedad justa.

 

 

 


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